Historia

El 11 de enero de 1907 se decretó la creación de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) por Amalio Gimeno, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes.

Con la nueva institución, heredera de los principios de la Institución Libre de Enseñanza, se pretendía terminar con el aislamiento español y enlazar con la ciencia y la cultura europeas, además de preparar al personal encargado de llevar a cabo las reformas necesarias en las esferas de la ciencia, la cultura y la educación. De este modo, el esfuerzo por reformar, por regenerar el país, pasaba a ser una empresa nacional, independiente de los vaivenes políticos, en la que se implicaba a intelectuales de diferentes ideologías.

El programa científico y cultural desarrollado por la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas no solo representó el proyecto más innovador para España desde 1907 a 1939, con la creación de laboratorios, centros de investigación, dotación de becas para estudiar en el extranjero, etc., sino que puso en contacto a los principales pensadores y científicos de España con los de otros países y continentes, posibilitando una nueva forma de acercamiento de los pueblos a través de la cultura y de la ciencia.

Presidida desde sus inicios por Santiago Ramón y Cajal, con la colaboración de José Castillejo en la Secretaría, la JAE desarrolló diferentes objetivos, entre ellos: el servicio de ampliación de estudios dentro y fuera de España, las delegaciones en congresos científicos, el servicio de información extranjera y las relaciones internacionales en materia de enseñanza, el fomento de los trabajos de investigación científica y la protección de las instituciones educativas en la enseñanza secundaria y superior.

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Para llevar a cabo estos objetivos la JAE puso en marcha una activa política de pensiones, esenciales para el desarrollo cultural y científico de España, de la que se beneficiaron numerosos estudiantes, profesores e investigadores, que fueron becados para trabajar en España, en Europa y en América. Desde el principio la JAE desarrolló una política activa auspiciando la creación de diferentes centros de investigación, así como de laboratorios en distintas partes de España: el Centro de Estudios Históricos de Madrid (1910), dirigido por Ramón Menéndez Pidal, la Residencia de Estudiantes, el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales (1910), presidido por Cajal con la asistencia de Blas Cabrera, que agrupó a instituciones ya existentes como el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Museo Antropológico, el Jardín Botánico o la Estación Biológica de Santander, contando con diferentes comisiones y laboratorios como el de Investigaciones Biológicas, el de Investigaciones Físicas, la Estación Alpina de Biología del Guadarrama, la Misión Biológica de Galicia, la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, el Seminario Matemático y los Laboratorios de Química, Fisiología, Bacteriología, etc. de la Residencia.

Médicos, biólogos, químicos, historiadores, filólogos, etc., hombres y mujeres de ciencias y letras se formaron en las instituciones creadas por la JAE, siendo los encargados de poner en marcha el programa renovador de la ciencia y la cultura españolas. Santiago Ramón y Cajal, Ignacio Bolívar, José Castillejo, Luis Simarro, Juan Negrín, Pío del Río-Hortega, Antonio de Zulueta, Severo Ochoa, Julio Rey Pastor, Francisco Durán i Reinals, Blas Cabrera, Leonardo Torres Quevedo, José Casares Gil, José Fernández-Nonídez, Cruz Gallastegui, Federico de Onís, Ramón Menéndez Pidal, María de Maeztu, Tomás Navarro Tomás, Américo Castro, Antonio García Solalinde, Samuel Gili Gaya, Rafael Altamira... son algunos de los que formaron parte de esta empresa.

En plena Guerra Civil española, el 19 de mayo de 1938, el gobierno franquista decretó el cese de las actividades de la JAE, pero la Junta mantuvo una delegación en Valencia, apoyada por el gobierno legítimo de la República, que posteriormente se trasladó a Barcelona. En octubre de ese mismo año Tomás Navarro Tomás nombró subdelegado de la JAE en Madrid a Luis Calandre, director del Hospital de Carabineros instalado en la Residencia de Estudiantes, con objeto de mantener sus actividades e inventariar los laboratorios, uno de los cuales –el de Anatomía Microscópica– había estado bajo su dirección. El final de la contienda condenó a Luis Calandre al exilio interior, siendo sometido a dos procesos que le llevaron a prisión.

A lo largo de la guerra muchos de los científicos de la JAE se vieron obligados a abandonar el país. Un grupo de ellos, ligados estrechamente a la Casa de España en México, fue el encargado de fundar la revista “Ciencia”, revista hispano-americana de ciencias puras y aplicadas, que reunió al exilio científico español. El 1 de marzo de 1940 aparecía el primer número de esta revista bajo la dirección de Ignacio Bolívar Urrutia y con tres redactores principales, Cándido Bolívar Pieltain, Isaac Costero y Francisco Giral.

En 1939 el nuevo régimen franquista creaba con los laboratorios, locales y centros de la JAE el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, bajo la presidencia del ministro de Educación José Ibáñez Martín, quien contó con la estrecha colaboración de José María Albareda, nombrado secretario general del CSIC. La ley de 24 de noviembre de 1939 por la que se creaba el CSIC dejaba establecido que "Todos los Centros dependientes de la disuelta Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, de la Fundación de Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas y los creados por el Instituto de España, pasarán a depender del Consejo Superior de Investigaciones Científicas."

Cien años de la creación de los primeros centros de la JAE

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A principios de 1938 la Junta Técnica de Estado, creada para dirigir la administración durante los primeros momentos de la guerra civil, dio paso a un gobierno que afrontó la tarea de crear un nuevo estado. La principal articulación en el campo de la investigación está contenida en el decreto de 19 de mayo de 1938 ("Decreto confiriendo al Instituto de España la misión de orientar y dirigir la alta cultura y la investigación superior en España").

En dicho texto, que ensalzaba la figura de Marcelino Menéndez Pelayo, se trataba de articular "la cultura y la ciencia española de acuerdo con las aspiraciones del Maestro". Lógicamente se planteaba un discurso ideológico basado en la necesidad de robustecer la conciencia nacional y de eliminar "la funesta esclavitud de camarillas y partidos".

Se anunciaban medidas encaminadas a devolver a la Universidad los medios y competencias en materia investigadora, que junto a la formación profesional constituían la misión de la Universidad. Las normas deberían ser completadas por nuevas disposiciones destinadas a desarrollar los principios anunciados en dicho decreto.

En él se anunciaba la supresión de la Junta para Ampliación de Estudios, y se transfería la mayor parte de sus competencias al Instituto de España, y se retrasaba la decisión sobre las competencias e instituciones que iban ser entregadas a las universidades y las destinadas a ser suprimidas.

En honor a la figura de Menéndez Pelayo se disponía la creación de diversos institutos de investigación de contenido histórico-literario:

• Centro de Estudios Históricos
• Centro de Filología Románica
• Centro de Filología Semítica y Estudios Arábigos, una de cuyas sedes se establecerá en Granada
• Centro de Arqueología e Historia Americana, con residencia en Sevilla
• Comisión para la Historia de la Ciencia Española
• Comisión para formar una Biblioteca de Autores Españoles y Seminario de Filología Clásica

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Se señalaba que en breve se crearían también "instituciones concernientes al estudio de las ciencias de la naturaleza y matemáticas".

Nada más finalizar el conflicto se publicaba un nuevo decreto (26.04.1939) que ponía en pie centros de "carácter científico, filosófico y aún técnico", que se colocaban bajo una especie de patronato laico con el nombre de Santiago Ramón y Cajal.

Los centros creados eran los siguientes:

• Centro de Estudios Filosóficos y Matemáticos
• Seminario "Juan Luis Vives" para Estudios Pedagógicos
• Seminario "Huarte de San Juan" de Psicología Aplicada
• Centro de Exploraciones y Estudios Geográficos "Juan Sebastián Elcano", con sede en San Sebastián
• Centro de Estudios Biológicos y Naturales, con un laboratorio "Ramón y Cajal" de Biología, y un laboratorio de Química y Biología
• Una Sociedad y Museo de Ciencias Naturales, con la ordenación de los jardines Zoológicos y Botánicos, la Sociedad de Cartografía Geológica de España, y museos especiales de Mineralogía, Petrografía y Cristalografía aplicadas, estaciones oceanográficas y de estudios biológicos-pecuarios
• Un Centro de Altos Estudios de Física, Química y Mecánica
• Un servicio para la realización de la "Enciclopedia hispánica"

Unos meses más tarde se redefine el proyecto mediante la creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Ley de 24/11/1939). A la nueva institución se le transfieren los locales y competencias de la JAE, de la Fundación de Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas, los que habían sido creados unos meses antes por el Instituto de España y todos aquellos que perteneciendo al Ministerio de Educación Nacional no estaban vinculados a la Universidad.

En la exposición de motivos se señalaba “la voluntad de renovar su gloriosa tradición científica” asentándola sobre la “restauración de la clásica y cristiana unidad de las ciencias destruida en el siglo XVIII”. Dichos principios, que inspiraron el nuevo régimen político implantado en España, entroncaban con los pensadores de la ideología contrarrevolucionaria europea de finales del siglo XVIII, periodo con el que se pretendía enlazar.

Se hacía una valoración negativa del periodo inmediatamente anterior (“pobreza y paralización”), planteando como alternativa una recuperación de las energías espirituales de la hispanidad a fin de crear una cultura universal. La idea de anatemizar la JAE y de crear una institución bajo principios ideológicos opuestos está presente en todos los textos legales y en los escritos de sus principales directivos de los momentos iniciales.

Estos condicionamientos ideológicos lastraron la actividad científica durante un importante periodo, sobre todo en las especialidades más sensibles a estos planteamientos. Pero esta limitación fue general en el país y no se limitaba exclusivamente al CSIC, que sobresalió de forma notable por encima del resto de instituciones que tenían actividad en el campo investigador, incluida la Universidad. En colaboración con las Reales Academias y los profesores universitarios que habían superado la depuración, incluso algunos que habían colaborado anteriormente con la JAE, se puso en marcha la nueva institución.

Inicialmente se le asignó una función “coordinadora y estimulante”, señalando que no debía “mediatizar los centros e instituciones que con vida propia se desarrollan”.

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Al igual que el proyecto al que sustituía, debía asumir las funciones de relación con las instituciones homólogas extranjeras y se planteaba la necesidad de fomentar las estancias en otros países.

En la introducción de esta ley fundacional se menciona el árbol de la ciencia, en el que hay que "promover su armonioso incremento y su evolución homogénea, evitando el monstruoso desarrollo de algunas de sus ramas, con anquilosamiento de otras". Esta alegoría del árbol de la ciencia es lo que da origen al granado que sirve hasta hoy de logotipo del CSIC.

La importancia que se concedía a la nueva institución viene avalada por su posición en el organigrama del Estado: bajo el alto Patronato del Jefe del Estado y presidido por el Ministro de Educación Nacional.

El hecho de que el Presidente fuera el Ministro posibilitó que la institución quedase en manos del Secretario General, José María Albareda, quien marcó su evolución de forma muy personal.

El CSIC no tenía una plantilla propia, sino que se integraban en él científicos provenientes de las distintas instituciones mencionadas en el artículo 2 de dicha ley, que además de facilitar su personal estaban representadas en el Pleno del organismo.

El Reglamento de 10 de febrero de 1940 modificaba y ampliaba algunas de las disposiciones de la Ley de creación dejando establecidos los siguientes órganos de gobierno: Consejo Pleno, Consejo Ejecutivo y Comisión Permanente. Y, como órganos especializados, los Patronatos, la Junta Bibliográfica y de Intercambio Científico y la Comisión Hispanoamericana.

En el mismo texto se enumeraban los distintos patronatos que recibieron nombres de científicos españoles, al igual que los distintos institutos: Raimundo Lulio (Ciencias filosóficas, teológicas, jurídicas y económicas), Marcelino Menéndez Pelayo (Humanidades), Alfonso el Sabio (Ciencias físicas, químicas y matemáticas), Santiago Ramón y Cajal (Ciencias biológicas y naturales), Alonso de Herrera (Ciencias agrícolas, forestales y pecuarias), Juan de la Cierva Codorniú (investigación técnico-industrial). Estos seis patronatos agrupaban a 19 institutos y debían mantener relaciones con otros centros dependientes de distintos Ministerios.

Existían además dos órganos con competencias transversales: la Junta Bibliográfica y de Intercambio Científico; y la Comisión Hispanoamericana, encargada del intercambio científico con el mundo hispánico.

El Reglamento reiteraba y completaba algunas de las formulaciones enunciadas en el texto fundacional.

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En primer lugar, se mencionaba “la tradicional unidad de la ciencia española” y, a continuación, la necesidad de fortalecer “el imperio espiritual de España”. Aunque de una forma marginal, se hacía mención a que las investigaciones técnicas deberían estar subordinadas a “las necesidades económicas de la Nación”, y se nombraba expresamente al patronato “Juan de la Cierva Cordoniú”, cuyos esfuerzos deberían tender “hacia el desarrollo de la independencia económica nacional y del progreso técnico del país”.

Un aspecto fundamental del nuevo Organismo es la conexión con las Universidades y Escuelas Superiores, principio que quedaba consignado en el Reglamento, que posibilitaba incluso su incorporación.

Asimismo, se regulaba la existencia de becas para desplazarse al extranjero, las colaboraciones con otros países y la designación de las representaciones oficiales en los congresos científicos internacionales.

La responsabilidad de la edición, el establecimiento de una red de bibliotecas y el intercambio de publicaciones quedaban en manos de la Junta Bibliográfica y de Intercambio Científico.

En la temprana fecha de 22 de julio de 1942 se produjo una primera rectificación de la Ley fundacional que introducía ciertas modificaciones, todas ellas tendentes a dar una mayor operatividad.

En primer lugar, se desdoblaba la figura del presidente, diferenciando entre el presidente nato (Ministro de Educación Nacional) y el efectivo. Asimismo, se incrementaba el número de instituciones que tenían representación en el Pleno, para dar acogida a las creadas por el nuevo régimen.

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Se modificaban los distintos órganos de gobierno, cambios entre los que el más importante fue la agrupación de los patronatos en tres secciones (Humanidades y Ciencias Sociales; Ciencia y Tecnologías; y Biología y Recursos Naturales), a cuyo frente se situaba un vicepresidente. Tanto la estructura de secciones como la existencia de vicepresidencias temáticas se mantuvieron durante las cuatro décadas siguientes. Asimismo, se creó la figura de un director de investigación técnica.

Finalmente se definía su personalidad jurídica y se aprobaban los medios de financiación, que debían mantener operativa la institución.

Resulta de gran interés el artículo 17, en la que se fijaba el sistema de colaboración con las Universidades a través de varios mecanismos: consideración de institutos propios del CSIC de los institutos universitarios; creación en la universidad de secciones de un instituto del CSIC; adscripción a la universidad de un instituto del CSIC; o creación de institutos mixtos.

A pesar de estas reformas el CSIC seguía careciendo de una plantilla de científicos propia.

En 1962 es nombrado ministro de Educación Manuel Lora-Tamayo, con quien aparece por primera vez en la historia de España el término Ciencia junto a Educación en el apelativo del Ministerio. Dicho cambio era consecuencia de diversas iniciativas europeas destinadas a desarrollar instituciones dedicadas a la gestionar la política científica.

Se impuso la necesidad de dictar un nuevo Reglamento que actualizara y reorganizara la institución “a fin de que el impulso que la ciencia española ha logrado [...] no se encuentre en ningún momento frenado por falta de adecuación a las exigencias de su natural crecimiento y del propio movimiento científico” (Decreto 3055/1966, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del CSIC).

Todas estas modificaciones, consagradas en dicho Reglamento, marcaron el nuevo modelo de la institución que limitó considerablemente sus funciones, fijándolas en la ejecución de investigación en sus propios centros, la concesión de algunas subvenciones a universidades y escuelas técnicas, y el mantenimiento de centros de investigación en colaboración con otras corporaciones.

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Al mismo tiempo se estableció una distinción entre los Patronatos (4) que agrupan a los centros propios del CSIC y los que servían (4) para coordinar la actividad de los ajenos. Para incrementar la relación con las universidades, y como signo del incremento de la investigación en las mismas, se incluyó una representación de las mismas en el Consejo Ejecutivo del Organismo.

Para entonces el CSIC se había extendido por una parte importante del país, voluntad que no le faltó a la JAE, pero que por precariedad de infraestructuras tan solo pudo radicar la gran mayoría de sus centros e institutos en Madrid y en menor medida en Barcelona. El CSIC, de la mano de Albareda, acometió está labor decididamente creando y distribuyendo Institutos y Centros por todo el país (además de abrir una Delegación en Roma) e incluso añadiendo nuevos Patronatos.

Un Real Decreto de 25 de enero de 1977 culminaba el proceso de centralización administrativa del CSIC al suprimir todos los patronatos existentes, cerrando un proceso desarrollado en los últimos años, al tiempo que se eliminaba también el Consejo Ejecutivo.

A finales de 1977, recuperado ya el sistema democrático en España, se publica un nuevo reglamento que supone una ruptura con la etapa anterior y se convierte en el texto sobre el que se han articulado todas las reglamentaciones posteriores.

Las finalidades que fija su preámbulo son las siguientes: flexibilizar la rigidez administrativa que afectaba al Organismo; articular la participación del personal en los distintos niveles de decisión; realizar una reforma desde abajo para reestructurar las unidades básicas de investigación; hacer compatible una gestión administrativa unificada con un respeto a la diversidad de especialidades y de institutos.

Se trataba de un texto de mayor extensión que sus precedentes en el que las funciones del Organismo quedaban explicadas de forma más detallada, y con algunas modificaciones significativas. Se había pasado de la responsabilidad de desarrollar la investigación a la de participar en la elaboración de la política científica, a la cual debería ajustarse, y fomentar las relaciones científicas tanto interiores como exteriores.

Además de estas funciones se mencionaban otras, que le estaban asignadas desde su creación, como las de ejecutar investigaciones o formar personal investigador y técnico. Uno de los aspectos en los que se insiste es en el de las relaciones con las universidades, a fin de rentabilizar los recursos existentes, y el de colaborar con las entidades regionales y locales.

Desde el punto de vista jurídico quedó definido como un “organismo autónomo del Estado”. Las mayores innovaciones descansaban en los órganos de gobierno en los que se incluía la participación del personal. Se crearon dos comisiones con funciones asesoras (Comisión Científica y Comisión Económica) en las que se integraban vocales electos pertenecientes a distintos grupos funcionariales.

Ambas comisiones designaban a su vez representantes para formar parte de la Junta de Gobierno, en la que descansaba la mayor parte de las decisiones de la política del Organismo, al configurarla como el órgano ejecutivo.

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El mismo esquema participativo se extendía a las unidades menores (Institutos y Centros).

El perfil democratizador propio de aquellos años queda patente al señalar que se consideraba “elemento esencial en una comunidad científica la prioridad de los criterios y la responsabilidad de los investigadores en la organización, orientación y funcionamiento del Organismo”; que los institutos, grupos de trabajo, etc. debían regirse por “los métodos de trabajo propios del campo de la ciencia en que se desenvuelven”; que toda la gestión debería estar presidida por el principio de la transparencia; y que se trataba de institucionalizar “la crítica como instrumento esencial de fomento del quehacer científico”.

La nueva realidad política y científica española, plasmada en el incremento de la capacidad investigadora de las universidades y de la descentralización autonómica, imprimió un nuevo rumbo a la actividad del CSIC, que inició la colaboración con otras entidades sobre dichos principios. Sobre tales presupuestos se establecieron colaboraciones que dieron lugar a la creación de numerosos institutos mixtos por toda la geografía española.

Las importantes transformaciones sociales de los años siguientes, y especialmente la modificación del marco jurídico de la investigación española a través de la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, hacían necesaria una adecuación de las estructuras y normativas del CSIC a la nueva realidad. Por ello se trató de compatibilizar los principios de representación con “los cambios derivados de la evolución científica y tecnológica”.

En fechas muy recientes la situación jurídica del CSIC ha sufrido una importante transformación. Un Real Decreto de 21 de diciembre de 2007 lo ha transformado en agencia, situación jurídica creada para posibilitar un funcionamiento “con una mayor agilidad y autonomía”. Para responder a dicha necesidad se ha articulado un texto que permita una adaptación fácil a los continuos cambios que se experimentan en la sociedad, y muy especialmente en el campo de la generación de conocimiento y de su conversión en elementos de desarrollo y bienestar social, y cuyo desarrollo quede en manos de los órganos rectores de la propia Institución.

Para llevar adelante este proyecto se han definido dos elementos importantes: la definición de una Presidencia “con carácter ejecutivo”, y sobre todo la articulación de la actividad de acuerdo con un contrato de gestión, basado en los principios de calidad, transparencia y evaluación.

El Informe sobre la adaptación a la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática presenta las medidas que el CSIC ha adoptado para adecuarse a lo dispuesto en dicha ley.