Skip to main content

Historia

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), fundado en 1939, es el heredero de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), creada en 1907 y cuyo primer presidente fue Santiago Ramón y Cajal. El CSIC continuó liderando la actividad investigadora en España, aunque, a diferencia de su predecesora, dio mayor peso a la ciencia aplicada.

El 24 de noviembre de 1939, mediante Ley fundacional publicada en el Boletín Oficial del Estado (28 de noviembre de 1939), se crea el Consejo Superior de Investigaciones Científicas asumiendo las competencias y locales de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE).

En 1942 se produjo la primera modificación en la Ley fundacional, que estableció el sistema de colaboración con las universidades y permitió la creación de institutos mixtos con estas. En 1945 se aprobó la creación de las primeras plazas de personal propio de investigación y de apoyo.

Imagen
Image
historia

Durante los años 60 y 70 el CSIC continuó extendiéndose por toda la geografía española con la creación de centros e institutos de investigación y abrió la primera sede fuera de nuestras fronteras, la Delegación del CSIC en Roma.

A finales de 1977, recuperado ya el sistema democrático en España, se publica un nuevo reglamento que supone una ruptura con la etapa anterior y se convierte en el texto sobre el que se han articulado todas las reglamentaciones posteriores.

El 11 de enero de 1907 se decretó la creación de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) por Amalio Gimeno, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes.

Con la nueva institución, heredera de los principios de la Institución Libre de Enseñanza, se pretendía terminar con el aislamiento español y enlazar con la ciencia y la cultura europeas, además de preparar al personal encargado de llevar a cabo las reformas necesarias en las esferas de la ciencia, la cultura y la educación. De este modo, el esfuerzo por reformar, por regenerar el país, pasaba a ser una empresa nacional, independiente de los vaivenes políticos, en la que se implicaba a intelectuales de diferentes ideologías.

El programa científico y cultural desarrollado por la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas no solo representó el proyecto más innovador para España desde 1907 a 1939, con la creación de laboratorios, centros de investigación, dotación de becas para estudiar en el extranjero, etc., sino que puso en contacto a los principales pensadores y científicos de España con los de otros países y continentes, posibilitando una nueva forma de acercamiento de los pueblos a través de la cultura y de la ciencia.

Presidida desde sus inicios por Santiago Ramón y Cajal, con la colaboración de José Castillejo en la Secretaría, la JAE desarrolló diferentes objetivos, entre ellos: el servicio de ampliación de estudios dentro y fuera de España, las delegaciones en congresos científicos, el servicio de información extranjera y las relaciones internacionales en materia de enseñanza, el fomento de los trabajos de investigación científica y la protección de las instituciones educativas en la enseñanza secundaria y superior.

Para llevar a cabo estos objetivos la JAE puso en marcha una activa política de pensiones, esenciales para el desarrollo cultural y científico de España, de la que se beneficiaron numerosos estudiantes, profesores e investigadores, que fueron becados para trabajar en España, en Europa y en América. Desde el principio la JAE desarrolló una política activa auspiciando la creación de diferentes centros de investigación, así como de laboratorios en distintas partes de España: el Centro de Estudios Históricos de Madrid (1910), dirigido por Ramón Menéndez Pidal, la Residencia de Estudiantes, el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales (1910), presidido por Cajal con la asistencia de Blas Cabrera, que agrupó a instituciones ya existentes como el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Museo Antropológico, el Jardín Botánico o la Estación Biológica de Santander, contando con diferentes comisiones y laboratorios como el de Investigaciones Biológicas, el de Investigaciones Físicas, la Estación Alpina de Biología del Guadarrama, la Misión Biológica de Galicia, la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, el Seminario Matemático y los Laboratorios de Química, Fisiología, Bacteriología, etc. de la Residencia.

Médicos, biólogos, químicos, historiadores, filólogos, etc., hombres y mujeres de ciencias y letras se formaron en las instituciones creadas por la JAE, siendo los encargados de poner en marcha el programa renovador de la ciencia y la cultura españolas. Santiago Ramón y Cajal, Ignacio Bolívar, José Castillejo, Luis Simarro, Juan Negrín, Pío del Río-Hortega, Antonio de Zulueta, Severo Ochoa, Julio Rey Pastor, Francisco Durán i Reinals, Blas Cabrera, Leonardo Torres Quevedo, José Casares Gil, José Fernández-Nonídez, Cruz Gallastegui, Federico de Onís, Ramón Menéndez Pidal, María de Maeztu, Tomás Navarro Tomás, Américo Castro, Antonio García Solalinde, Samuel Gili Gaya, Rafael Altamira... son algunos de los que formaron parte de esta empresa.

En plena Guerra Civil española, el 19 de mayo de 1938, el gobierno franquista decretó el cese de las actividades de la JAE, pero la Junta mantuvo una delegación en Valencia, apoyada por el gobierno legítimo de la República, que posteriormente se trasladó a Barcelona. En octubre de ese mismo año Tomás Navarro Tomás nombró subdelegado de la JAE en Madrid a Luis Calandre, director del Hospital de Carabineros instalado en la Residencia de Estudiantes, con objeto de mantener sus actividades e inventariar los laboratorios, uno de los cuales –el de Anatomía Microscópica– había estado bajo su dirección. El final de la contienda condenó a Luis Calandre al exilio interior, siendo sometido a dos procesos que le llevaron a prisión.

A lo largo de la guerra muchos de los científicos de la JAE se vieron obligados a abandonar el país. Un grupo de ellos, ligados estrechamente a la Casa de España en México, fue el encargado de fundar la revista “Ciencia”, revista hispano-americana de ciencias puras y aplicadas, que reunió al exilio científico español. El 1 de marzo de 1940 aparecía el primer número de esta revista bajo la dirección de Ignacio Bolívar Urrutia y con tres redactores principales, Cándido Bolívar Pieltain, Isaac Costero y Francisco Giral.

En 1939 el nuevo régimen franquista creaba con los laboratorios, locales y centros de la JAE el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, bajo la presidencia del ministro de Educación José Ibáñez Martín, quien contó con la estrecha colaboración de José María Albareda, nombrado secretario general del CSIC. La ley de 24 de noviembre de 1939 por la que se creaba el CSIC dejaba establecido que "Todos los Centros dependientes de la disuelta Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, de la Fundación de Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas y los creados por el Instituto de España, pasarán a depender del Consejo Superior de Investigaciones Científicas."

Cien años de la creación de los primeros centros de la JAE

 

A principios de 1938 la Junta Técnica de Estado, creada para dirigir la administración durante los primeros momentos de la guerra civil, dio paso a un gobierno que afrontó la tarea de crear un nuevo estado. La principal articulación en el campo de la investigación está contenida en el decreto de 19 de mayo de 1938 ("Decreto confiriendo al Instituto de España la misión de orientar y dirigir la alta cultura y la investigación superior en España").

En dicho texto, que ensalzaba la figura de Marcelino Menéndez Pelayo, se trataba de articular "la cultura y la ciencia española de acuerdo con las aspiraciones del Maestro". Lógicamente se planteaba un discurso ideológico basado en la necesidad de robustecer la conciencia nacional y de eliminar "la funesta esclavitud de camarillas y partidos".

Se anunciaban medidas encaminadas a devolver a la Universidad los medios y competencias en materia investigadora, que junto a la formación profesional constituían la misión de la Universidad. Las normas deberían ser completadas por nuevas disposiciones destinadas a desarrollar los principios anunciados en dicho decreto.

En él se anunciaba la supresión de la Junta para Ampliación de Estudios, y se transfería la mayor parte de sus competencias al Instituto de España, y se retrasaba la decisión sobre las competencias e instituciones que iban ser entregadas a las universidades y las destinadas a ser suprimidas.

En honor a la figura de Menéndez Pelayo se disponía la creación de diversos institutos de investigación de contenido histórico-literario:

  • Centro de Estudios Históricos
  • Centro de Filología Románica
  • Centro de Filología Semítica y Estudios Arábigos, una de cuyas sedes se establecerá en Granada
  • Centro de Arqueología e Historia Americana, con residencia en Sevilla
  • Comisión para la Historia de la Ciencia Española
  • Comisión para formar una Biblioteca de Autores Españoles y Seminario de Filología Clásica

Se señalaba que en breve se crearían también "instituciones concernientes al estudio de las ciencias de la naturaleza y matemáticas".

Nada más finalizar el conflicto se publicaba un nuevo decreto (26.04.1939) que ponía en pie centros de "carácter científico, filosófico y aún técnico", que se colocaban bajo una especie de patronato laico con el nombre de Santiago Ramón y Cajal.

Los centros creados eran los siguientes:

  • Centro de Estudios Filosóficos y Matemáticos
  • Seminario "Juan Luis Vives" para Estudios Pedagógicos
  • Seminario "Huarte de San Juan" de Psicología Aplicada
  • Centro de Exploraciones y Estudios Geográficos "Juan Sebastián Elcano", con sede en San Sebastián
  • Centro de Estudios Biológicos y Naturales, con un laboratorio "Ramón y Cajal" de Biología, y un laboratorio de Química y Biología
  • Una Sociedad y Museo de Ciencias Naturales, con la ordenación de los jardines Zoológicos y Botánicos, la Sociedad de Cartografía Geológica de España, y museos especiales de Mineralogía, Petrografía y Cristalografía aplicadas, estaciones oceanográficas y de estudios biológicos-pecuarios
  • Un Centro de Altos Estudios de Física, Química y Mecánica
  • Un servicio para la realización de la "Enciclopedia hispánica"

Unos meses más tarde se redefine el proyecto mediante la creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Ley de 24/11/1939). A la nueva institución se le transfieren los locales y competencias de la JAE, de la Fundación de Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas, los que habían sido creados unos meses antes por el Instituto de España y todos aquellos que perteneciendo al Ministerio de Educación Nacional no estaban vinculados a la Universidad.

En la exposición de motivos se señalaba “la voluntad de renovar su gloriosa tradición científica” asentándola sobre la “restauración de la clásica y cristiana unidad de las ciencias destruida en el siglo XVIII”. Dichos principios, que inspiraron el nuevo régimen político implantado en España, entroncaban con los pensadores de la ideología contrarrevolucionaria europea de finales del siglo XVIII, periodo con el que se pretendía enlazar.

Se hacía una valoración negativa del periodo inmediatamente anterior (“pobreza y paralización”), planteando como alternativa una recuperación de las energías espirituales de la hispanidad a fin de crear una cultura universal. La idea de anatemizar la JAE y de crear una institución bajo principios ideológicos opuestos está presente en todos los textos legales y en los escritos de sus principales directivos de los momentos iniciales.

Estos condicionamientos ideológicos lastraron la actividad científica durante un importante periodo, sobre todo en las especialidades más sensibles a estos planteamientos. Pero esta limitación fue general en el país y no se limitaba exclusivamente al CSIC, que sobresalió de forma notable por encima del resto de instituciones que tenían actividad en el campo investigador, incluida la Universidad. En colaboración con las Reales Academias y los profesores universitarios que habían superado la depuración, incluso algunos que habían colaborado anteriormente con la JAE, se puso en marcha la nueva institución.

Inicialmente se le asignó una función “coordinadora y estimulante”, señalando que no debía “mediatizar los centros e instituciones que con vida propia se desarrollan”.

Al igual que el proyecto al que sustituía, debía asumir las funciones de relación con las instituciones homólogas extranjeras y se planteaba la necesidad de fomentar las estancias en otros países.

En la introducción de esta ley fundacional se menciona el árbol de la ciencia, en el que hay que "promover su armonioso incremento y su evolución homogénea, evitando el monstruoso desarrollo de algunas de sus ramas, con anquilosamiento de otras". Esta alegoría del árbol de la ciencia es lo que da origen al granado que sirve hasta hoy de logotipo del CSIC.

 

La importancia que se concedía a la nueva institución viene avalada por su posición en el organigrama del Estado: bajo el alto Patronato del Jefe del Estado y presidido por el Ministro de Educación Nacional.

El hecho de que el Presidente fuera el Ministro posibilitó que la institución quedase en manos del Secretario General, José María Albareda, quien marcó su evolución de forma muy personal.

El CSIC no tenía una plantilla propia, sino que se integraban en él científicos provenientes de las distintas instituciones mencionadas en el artículo 2 de dicha ley, que además de facilitar su personal estaban representadas en el Pleno del organismo.

El Reglamento de 10 de febrero de 1940 modificaba y ampliaba algunas de las disposiciones de la Ley de creación dejando establecidos los siguientes órganos de gobierno: Consejo Pleno, Consejo Ejecutivo y Comisión Permanente. Y, como órganos especializados, los Patronatos, la Junta Bibliográfica y de Intercambio Científico y la Comisión Hispanoamericana.

En el mismo texto se enumeraban los distintos patronatos que recibieron nombres de científicos españoles, al igual que los distintos institutos: Raimundo Lulio (Ciencias filosóficas, teológicas, jurídicas y económicas), Marcelino Menéndez Pelayo (Humanidades), Alfonso el Sabio (Ciencias físicas, químicas y matemáticas), Santiago Ramón y Cajal (Ciencias biológicas y naturales), Alonso de Herrera (Ciencias agrícolas, forestales y pecuarias), Juan de la Cierva Codorniú (investigación técnico-industrial). Estos seis patronatos agrupaban a 19 institutos y debían mantener relaciones con otros centros dependientes de distintos Ministerios.

Existían además dos órganos con competencias transversales: la Junta Bibliográfica y de Intercambio Científico; y la Comisión Hispanoamericana, encargada del intercambio científico con el mundo hispánico.

El Reglamento reiteraba y completaba algunas de las formulaciones enunciadas en el texto fundacional.

En primer lugar, se mencionaba “la tradicional unidad de la ciencia española” y, a continuación, la necesidad de fortalecer “el imperio espiritual de España”. Aunque de una forma marginal, se hacía mención a que las investigaciones técnicas deberían estar subordinadas a “las necesidades económicas de la Nación”, y se nombraba expresamente al patronato “Juan de la Cierva Cordoniú”, cuyos esfuerzos deberían tender “hacia el desarrollo de la independencia económica nacional y del progreso técnico del país”.

Un aspecto fundamental del nuevo Organismo es la conexión con las Universidades y Escuelas Superiores, principio que quedaba consignado en el Reglamento, que posibilitaba incluso su incorporación.

Asimismo, se regulaba la existencia de becas para desplazarse al extranjero, las colaboraciones con otros países y la designación de las representaciones oficiales en los congresos científicos internacionales.

La responsabilidad de la edición, el establecimiento de una red de bibliotecas y el intercambio de publicaciones quedaban en manos de la Junta Bibliográfica y de Intercambio Científico.

 

En la temprana fecha de 22 de julio de 1942 se produjo una primera rectificación de la Ley fundacional que introducía ciertas modificaciones, todas ellas tendentes a dar una mayor operatividad.

En primer lugar, se desdoblaba la figura del presidente, diferenciando entre el presidente nato (Ministro de Educación Nacional) y el efectivo. Asimismo, se incrementaba el número de instituciones que tenían representación en el Pleno, para dar acogida a las creadas por el nuevo régimen.

Se modificaban los distintos órganos de gobierno, cambios entre los que el más importante fue la agrupación de los patronatos en tres secciones (Humanidades y Ciencias Sociales; Ciencia y Tecnologías; y Biología y Recursos Naturales), a cuyo frente se situaba un vicepresidente. Tanto la estructura de secciones como la existencia de vicepresidencias temáticas se mantuvieron durante las cuatro décadas siguientes. Asimismo, se creó la figura de un director de investigación técnica.

Finalmente se definía su personalidad jurídica y se aprobaban los medios de financiación, que debían mantener operativa la institución.

Resulta de gran interés el artículo 17, en la que se fijaba el sistema de colaboración con las Universidades a través de varios mecanismos: consideración de institutos propios del CSIC de los institutos universitarios; creación en la universidad de secciones de un instituto del CSIC; adscripción a la universidad de un instituto del CSIC; o creación de institutos mixtos.

A pesar de estas reformas el CSIC seguía careciendo de una plantilla de científicos propia.

 

En 1962 es nombrado ministro de Educación Manuel Lora-Tamayo, con quien aparece por primera vez en la historia de España el término Ciencia junto a Educación en el apelativo del Ministerio. Dicho cambio era consecuencia de diversas iniciativas europeas destinadas a desarrollar instituciones dedicadas a la gestionar la política científica.

Se impuso la necesidad de dictar un nuevo Reglamento que actualizara y reorganizara la institución “a fin de que el impulso que la ciencia española ha logrado [...] no se encuentre en ningún momento frenado por falta de adecuación a las exigencias de su natural crecimiento y del propio movimiento científico” (Decreto 3055/1966, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del CSIC).

Todas estas modificaciones, consagradas en dicho Reglamento, marcaron el nuevo modelo de la institución que limitó considerablemente sus funciones, fijándolas en la ejecución de investigación en sus propios centros, la concesión de algunas subvenciones a universidades y escuelas técnicas, y el mantenimiento de centros de investigación en colaboración con otras corporaciones.

Al mismo tiempo se estableció una distinción entre los Patronatos (4) que agrupan a los centros propios del CSIC y los que servían (4) para coordinar la actividad de los ajenos. Para incrementar la relación con las universidades, y como signo del incremento de la investigación en las mismas, se incluyó una representación de las mismas en el Consejo Ejecutivo del Organismo.

Para entonces el CSIC se había extendido por una parte importante del país, voluntad que no le faltó a la JAE, pero que por precariedad de infraestructuras tan solo pudo radicar la gran mayoría de sus centros e institutos en Madrid y en menor medida en Barcelona. El CSIC, de la mano de Albareda, acometió está labor decididamente creando y distribuyendo Institutos y Centros por todo el país (además de abrir una Delegación en Roma) e incluso añadiendo nuevos Patronatos.

Un Real Decreto de 25 de enero de 1977 culminaba el proceso de centralización administrativa del CSIC al suprimir todos los patronatos existentes, cerrando un proceso desarrollado en los últimos años, al tiempo que se eliminaba también el Consejo Ejecutivo.

A finales de 1977, recuperado ya el sistema democrático en España, se publica un nuevo reglamento que supone una ruptura con la etapa anterior y se convierte en el texto sobre el que se han articulado todas las reglamentaciones posteriores.

Las finalidades que fija su preámbulo son las siguientes: flexibilizar la rigidez administrativa que afectaba al Organismo; articular la participación del personal en los distintos niveles de decisión; realizar una reforma desde abajo para reestructurar las unidades básicas de investigación; hacer compatible una gestión administrativa unificada con un respeto a la diversidad de especialidades y de institutos.

Se trataba de un texto de mayor extensión que sus precedentes en el que las funciones del Organismo quedaban explicadas de forma más detallada, y con algunas modificaciones significativas. Se había pasado de la responsabilidad de desarrollar la investigación a la de participar en la elaboración de la política científica, a la cual debería ajustarse, y fomentar las relaciones científicas tanto interiores como exteriores.

Además de estas funciones se mencionaban otras, que le estaban asignadas desde su creación, como las de ejecutar investigaciones o formar personal investigador y técnico. Uno de los aspectos en los que se insiste es en el de las relaciones con las universidades, a fin de rentabilizar los recursos existentes, y el de colaborar con las entidades regionales y locales.

Desde el punto de vista jurídico quedó definido como un “organismo autónomo del Estado”. Las mayores innovaciones descansaban en los órganos de gobierno en los que se incluía la participación del personal. Se crearon dos comisiones con funciones asesoras (Comisión Científica y Comisión Económica) en las que se integraban vocales electos pertenecientes a distintos grupos funcionariales.

Ambas comisiones designaban a su vez representantes para formar parte de la Junta de Gobierno, en la que descansaba la mayor parte de las decisiones de la política del Organismo, al configurarla como el órgano ejecutivo.

El mismo esquema participativo se extendía a las unidades menores (Institutos y Centros).

El perfil democratizador propio de aquellos años queda patente al señalar que se consideraba “elemento esencial en una comunidad científica la prioridad de los criterios y la responsabilidad de los investigadores en la organización, orientación y funcionamiento del Organismo”; que los institutos, grupos de trabajo, etc. debían regirse por “los métodos de trabajo propios del campo de la ciencia en que se desenvuelven”; que toda la gestión debería estar presidida por el principio de la transparencia; y que se trataba de institucionalizar “la crítica como instrumento esencial de fomento del quehacer científico”.

La nueva realidad política y científica española, plasmada en el incremento de la capacidad investigadora de las universidades y de la descentralización autonómica, imprimió un nuevo rumbo a la actividad del CSIC, que inició la colaboración con otras entidades sobre dichos principios. Sobre tales presupuestos se establecieron colaboraciones que dieron lugar a la creación de numerosos institutos mixtos por toda la geografía española.

Las importantes transformaciones sociales de los años siguientes, y especialmente la modificación del marco jurídico de la investigación española a través de la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, hacían necesaria una adecuación de las estructuras y normativas del CSIC a la nueva realidad. Por ello se trató de compatibilizar los principios de representación con “los cambios derivados de la evolución científica y tecnológica”.

En fechas muy recientes la situación jurídica del CSIC ha sufrido una importante transformación. Un Real Decreto de 21 de diciembre de 2007 lo ha transformado en agencia, situación jurídica creada para posibilitar un funcionamiento “con una mayor agilidad y autonomía”. Para responder a dicha necesidad se ha articulado un texto que permita una adaptación fácil a los continuos cambios que se experimentan en la sociedad, y muy especialmente en el campo de la generación de conocimiento y de su conversión en elementos de desarrollo y bienestar social, y cuyo desarrollo quede en manos de los órganos rectores de la propia Institución.

Para llevar adelante este proyecto se han definido dos elementos importantes: la definición de una Presidencia “con carácter ejecutivo”, y sobre todo la articulación de la actividad de acuerdo con un contrato de gestión, basado en los principios de calidad, transparencia y evaluación.

El Informe sobre la adaptación a la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática presenta las medidas que el CSIC ha adoptado para adecuarse a lo dispuesto en dicha ley.

Presidentes de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas

Santiago Ramón y Cajal

(15/01/1907-17/10/1934)

Petilla de Aragón (Navarra) 1852 / Madrid, 1934

Premio Nobel de Medicina en 1906.

Ignacio Bolívar y Urrutia

(1934-01/04/1939)

Madrid, 1850 / Ciudad de México, 1944

Doctor en Ciencias Naturales (1874), un año más tarde obtuvo una plaza de ayudante en la sección de Zoología del Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Presidentes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

José Ibañez Martín

José Ibáñez Martín

(30/12/1939-31/08/1967)

Conde de Marín (Valbona, Teruel), 1896 / Madrid, 1969

Licenciado en Filosofía y Letras (sección de Historia) con premio extraordinario por la Universidad de Valencia en 1918, dos años más tarde obtuvo el título de Derecho. Poco después ganó una cátedra de Geografía e Historia de Enseñanza Media (1922).

Manuel Lora-Tamayo Martín

Manuel Lora-Tamayo Martín

(31/08/1967-23/07/1971)

Jerez (Cádiz), 1904 / Madrid, 2002

Doctor en Ciencias Químicas (1930) y en Farmacia (1933). Como pensionado de la Junta para Ampliación de Estudios trabajó en el Instituto de Química Biológica de la Facultad de Medicina de Estrasburgo.

José Luís Villar Palasí

José Luis Villar Palasí

(21/08/1971-24/09/1973)

Valencia, 1922 / Madrid, 2012

Licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras (sección de Historia) por la Universidad de Valencia (1945), al finalizar sus estudios se trasladó a la Universidad de Madrid en cuya Facultad de Ciencias Políticas y Económicas trabajó como auxiliar de cátedra de Teoría Económica.

Enrique Gutiérrez Ríos

Enrique Gutiérrez Ríos

(12/10/1973-09/10/1974)

Madrid, 1915 / 1990

Licenciado en Farmacia y Doctor en Ciencias Químicas. Accedió a la cátedra de Química Inorgánica (1946) de la Universidad de Granada, en la que ocupó diversos cargos, entre ellos el de Vicedecano de la Facultad de Ciencias (1956).

Eduardo Primo Yúfera

Eduardo Primo Yúfera

(25/10/1974-11/02/1977)

Mazarrón (Murcia), 1918 / Valencia, 2007

Licenciado en Ciencias Químicas (1941) por la Universidad de Valencia, se doctoró en la de Madrid (1944).

Fotografía de Justiniano Casas Peláez

Justiniano Casas Peláez

(11/02/1977-15/03/1978)

Granucillos de Vidriales (Zamora), 1915 / Zaragoza, 1998

Tras realizar los estudios de Magisterio (1935) en Palencia, y Matemáticas (1946) en Salamanca y Madrid, estudió la carrera de Físicas (1949) en esta última universidad, en la que se doctoró en Físicas (1951).

Fotografía de Carlos Sánchez del Río y Sierra

Carlos Sánchez del Río y Sierra

(15/03/1978-22/07/1980)

Borja (Zaragoza), 1924 / Madrid, 2013

Formado en la escuela de Julio Palacios, tras su doctorado en Ciencias Físicas por la Universidad de Madrid (1948), realizó diversas estancias para completar su formación en centros de Italia, Suiza y Estados Unidos.

Fotografía de Alejandro Nieto García

Alejandro Nieto García

(22/07/1980-28/03/1983)

Valladolid, 1930

Licenciado (1952) y Doctor en Derecho (1959) por la Universidad de Valladolid, realizó estudios de postgrado en Poitiers, París y Göttingen.

Fotografía de José Elguero Bertolini

José Elguero Bertolini

(28/03/1983-17/05/1984) 

Madrid, 1934

Finalizada la Licenciatura en la Universidad de Madrid se incorporó al Instituto de Química Orgánica del Centre Nacional de la Recherche Scientifique en Marsella, en el que trabajó durante dos décadas.

Fotografía de Enrique Trillas Ruiz

Enrique Trillas Ruiz

(17/05/1984-10/10/1988)

Barcelona, 1940

Doctor en Ciencias (sección Matemáticas) por la Universidad de Barcelona (1972).

Fotografía de Emilio Muñoz Ruiz

Emilio Muñoz Ruiz

(10/10/1988-01/07/1991)

Valencia, 1937

Doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, completó su formación en la Universidad de Lieja (Bélgica) y en el Departamento de Microbiología, Universidad de Nueva York (EEUU). Toda su carrera científica ha estado ligada al CSIC.

Fotografía de Elías Fereres Castiel

Elías Fereres Castiel

(01/07/1991-01/08/1992)

Larache (Marruecos), 1946

Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid (1969), se doctoró en Ecología (1976) en la Universidad de California (Davis, EEUU). Su área de especialización es la ciencia e ingeniería del agua en relación a la agricultura y al ambiente.

Fotografía de José María Mato de la Paz

José María Mato de la Paz

(17/09/1992-18/06/1996)

Madrid, 1949

Licenciado en Química por la Universidad Complutense, con la especialidad de Bioquímica (1972), realizó el doctorado en Ciencias por la Universidad de Leiden (Holanda), bajo la dirección de profesor Theo Konijn.

Fotografía de César Nombela Cano

César Nombela Cano

(18/06/1996-09/09/2000)

Carriches (Toledo), 1946

Tras licenciarse en Farmacia y en Ciencias Químicas en la Universidad Complutense, se doctoró en la Universidad de Salamanca (1972) bajo la dirección de Julio R. Villanueva.

Fotografía de Rolf Tarrach Siegel

Rolf Tarrach Siegel

(09/09/2000-22/02/2003)

Valencia, 1948

Tras su doctorado en Física por la Universidad de Barcelona, realizó una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Física de Partículas (CERN) de Ginebra (1974-1976).

Fotografía de Emilio Lora-Tamayo D'Ocón

Emilio Lora-Tamayo D'Ocón

(22/02/2003-15/05/2004)

Madrid, 1950

Tras finalizar sus estudios universitarios completó su formación en el CSIC, en la Ècole Nationale Supérieure d’Aéronautique et de l’Espace (Toulouse, Francia) y en el Laboratoire d’Electronique et de l’Informatique (Grenoble, Francia).

Fotografía de Carlos Martínez Alonso

Carlos Martínez Alonso

(15/05/2004-25/04/2008)

Villasimpliz (León), 1950

Licenciado en Bioquímica y Doctor en Inmunología por la Universidad Complutense de Madrid fue nombrado presidente del CSIC por el Consejo de Ministros del 14 de mayo de 2004.

Fotografía de Rafael Rodrigo

Rafael Rodrigo

(25/04/2008-13/01/2012)

Granada, 1953

Licenciado en Ciencias Matemáticas y Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada inicia su carrera investigadora en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC) en 1975, instituto que dirigió entre 1990 y 2004.

Fotografía de Emilio Lora-Tamayo D'Ocón

Emilio Lora-Tamayo D'Ocón (Segundo mandato)

(13/01/2012-17/11/2017)

Madrid, 1950

Doctor en Ciencias Físicas por la UCM. Investigador en varias instituciones francesas y profesor invitado en la Universidad de Berkeley. Es catedrático de la UAB. En el CSIC ha sido director del Centro Nacional de Microelectrónica, vicepresidente y presidente en dos ocasiones.

Rosa Menéndez López Presidenta del CSIC

Rosa Menéndez López

(17/11/2017-21/06/2022)

Cudillero (Asturias), 1956

Doctora en Ciencias (sección Químicas) por la Universidad de Oviedo (1986). Es profesora de investigación en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (CSIC). Ha sido vicepresidenta de Investigación Científica y Técnica entre 2007 y 2008 y ha desempeñado tareas de coordinadora institucional del CSIC en Asturias, Cantabria y País Vasco.